POSTURA RESPECTO A LA INICIATIVA DE REFORMA A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

23 Febrero, 2021


Desde el inicio de esta administración he sido muy claro en apoyar el proyecto de transformación impulsado por el Presidente López Obrador. Al igual que él, estoy convencido de que México requiere un cambio de paradigma económico y político que permita alcanzar el bienestar sin que nadie se quede atrás. Un nuevo modelo que corrija los excesos del pasado y que siente las bases de un verdadero cambio de mentalidad, que nos haga más solidarios y justos.

Como diputado federal y como coordinador y vicecoordinador del grupo parlamentario de Encuentro Social, he apoyado todas las reformas impulsadas por el Presidente. Lo he hecho siempre por convicción y porque he considerado que es lo mejor para el país y para la economía de las familias. No obstante, en esta ocasión, luego de un análisis detallado de la propuesta, he decidido no apoyar la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Coincido plenamente con el Presidente en que hay que fortalecer nuestro sector eléctrico y que tenemos que garantizar la seguridad energética del país. Sin embargo, creo que la forma en que se plantea este objetivo en la iniciativa no es el más conveniente. Existen argumentos técnicos para sustentar lo anterior. Pero sobre todo, las razones de peso para no apoyarla tienen que ver con una cuestión de principios que, en este caso, considero que la reforma deja de lado. Me refiero a principios fundamentales que ponen en riesgo la esencia del proyecto de transformación nacional impulsado por el Presidente.

Por muchos años a nivel internacional imperó la tendencia de que una sola empresa, un monopolio —ya fuera público o privado— se encargara de operar el sistema. Una sola empresa generaba, transmitía, distribuía, facturaba y cobraba. Sin embargo, la ineficiencia de este modelo para “despachar” la cantidad necesaria de flujo eléctrico a precios competitivos, ha dado paso a sistemas mixtos, en los que coexisten empresas públicas y privadas.

Hoy, como en todo mercado eléctrico en el mundo, el mexicano está integrado por empresas, tanto públicas como privadas, que generan la electricidad, que la transmiten y la distribuyen a los consumidores y miden cuánto se produce y cuánto se consume. Este modelo mixto ha demostrado ser el más eficiente en términos de competitividad, innovación tecnológica y capacidad de regulación por parte de la autoridad pública que, en la mayoría de los casos, ha mantenido el monopolio sobre la transmisión y la distribución eléctrica, dejando la generación a la libre competencia.

En este contexto, considero que la iniciativa de reforma eléctrica propuesta pone en riesgo las bondades de este modelo mixto por las siguientes razones:

1. Me parece que la iniciativa cae en el falso dilema —superado desde hace mucho tiempo— entre Estado y Mercado. Creo firmemente que bajo el modelo mixto, es perfectamente posible mantener e incluso fortalecer, la rectoría del Estado sin necesidad de favorecer artificialmente a las empresas públicas generadoras, en detrimento de las empresas privadas.

2. La iniciativa estigmatiza innecesariamente a la empresa privada, lo que contraviene el espíritu que guía la transformación impulsada por el Presidente de alentar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, a partir de un marco de certidumbre jurídica, honestidad, transparencia y reglas claras.

3. Creo que la iniciativa no toma en cuenta años de evidencia empírica que demuestran el daño que causan las prácticas monopólicas, tanto públicas como privadas, en el sector energético. Al favorecer artificialmente a la CFE en el mercado eléctrico la iniciativa subestima la importancia de la libre competencia, lo que terminará generando incentivos perversos tanto a la inversión como al desarrollo tecnológico.

4. Considero que está ampliamente demostrado que la innovación en generación de energías más limpias y baratas depende completamente de la sana competencia. La determinación de dar preferencia en el despacho a la energía de CFE no solo discriminará a otras energías más limpias y baratas, sino que pondrá en riesgo la constancia del suministro. Además, la propuesta de modificar los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia significará, en los hechos, un mayor uso de energías “sucias”, particularmente las que funcionan con carbón y combustóleo que, como sabemos, impactan negativamente en el medio ambiente y en nuestra salud.

5. La propuesta también afectará el carácter neutral del ente encargado de operar el sistema, en este caso el Centro Nacional de Control de Energía, distorsionando los criterios de despacho prevalecientes asociados a la calidad y precio, lo que en los hechos anulará los incentivos para competir en la generación de energías más limpias y baratas, generando presiones sobre los precios finales al consumidor.

6. Las modificaciones propuestas a la garantía de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la revocación de permisos de autoabastecimiento, así como las nuevas disposiciones para que CFE pueda adquirir electricidad de sus “centrales legadas” sin necesidad de que éstas tengan que competir, augura un posible proceso de desinversión privada en el sector eléctrico.

7. Como ya mencioné, el espíritu de la iniciativa busca favorecer a las empresas de la CFE, lo que podría hacer más ineficiente el mercado eléctrico, encareciendo el producto en detrimento de los sectores industrial y de servicios, que son motores del crecimiento económico del país. Esto terminará por hacer menos atractiva y competitiva nuestra economía.

8. De igual forma, esto impactará también en el costo del servicio a los hogares, lo que necesariamente implicará subsidios a las tarifas, sumando con ello nuevas presiones a las finanzas públicas de manera innecesaria. Estaríamos hablando de recursos públicos que bien podrían ser destinados a otro tipo de apoyos sociales.

9. Considero que la iniciativa envía un mensaje poco alentador a nuestros socios comerciales que podrían violentar algunos acuerdos del T-MEC a partir de los cambios propuestos en el marco regulatorio del sector eléctrico. Es previsible que esta decisión genere cuestionamientos e inconformidades que pudieran traducirse en sanciones y controversias. Lo que podría afectar nuestras relaciones comerciales no solo con Norteamérica, sino con el resto de los mercados globales que pronto estarán en plena expansión.

10. Finalmente, la iniciativa envía un mensaje incierto al mundo y a las nuevas generaciones comprometidas con el cuidado del medio ambiente. México ocupaba un lugar preponderante en materia medio ambiental a nivel global. Con esta iniciativa, se desdibujan los compromisos asumidos por nuestro país en el Acuerdo de París de reducir en un 25% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y a generar 35% de energía limpia para el 2024 y 43% en el 2030, así como el acceso a financiamiento internacional para el desarrollo de tecnologías limpias.

Un Estado que impulsa el bienestar es aquel que potencia la capacidad de los emprendedores para generar riqueza y empleo desde la indispensable figura de la libre empresa y la libre competencia.

Que abre las posibilidades para la generación de riqueza así como para distribuirla de manera adecuada y eficiente. Que interviene para garantizar la sana competencia y proveer así, un piso parejo en el que todos los actores económicos participen con equidad y calidad.

Un Estado de bienestar promueve un equilibrio racional entre Estado, Mercado y Sociedad, para lograr dinámicas virtuosas de generación de capital físico y humano. Es decir, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, como decían los clásicos.

En fin, estoy convencido de que es posible fortalecer las capacidades del Estado como impulsor y facilitador del bienestar, sin necesidad de cancelar el espíritu emprendedor. Debemos creer firmemente en la libre empresa, en el libre mercado y en la competencia como las principales palancas del crecimiento y la generación de empleos.

La crisis energética mundial nos ha recordado que apostar a los combustibles fósiles es un grave error y la pandemia ha demostrado, como nunca antes, que no puede haber desarrollo económico sin equilibrio y sostenibilidad. Por lo que es imperativo que, como planeta y como país, transitemos hacia una economía verde. Y desde mi punto de vista, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no abona el camino hacia ese objetivo estratégico.

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