PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PRESENTE LA SOLICITUD DE JUICIO DE PROCEDENCIA EN CONTRA DEL DIPUTADO BENJAMÍN SAÚL HUERTA

22 Abril, 2021

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA LA SOLICITUD DE JUICIO DE PROCEDENCIA EN CONTRA DEL DIPUTADO BENJAMÍN SAÚL HUERTA POR EL PRESUNTO ABUSO SEXUAL EN CONTRA DE UN MENOR DE EDAD, A CARGO DEL DIPUTADO FEDERAL FERNANDO LUIS MANZANILLA PRIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENCUENTRO SOCIAL, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUIENES SUSCRIBEN.

Las y los que suscribimos, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62 numeral 2 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, III, IV y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES


El diputado de Morena Benjamín Saúl Huerta, fue detenido la mañana del 21 de abril por elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) debido a que un menor de edad lo denunció por intentar abusar de él en un hotel de la Ciudad de México.

De acuerdo con medios locales, los policías lo detuvieron después de recibir una denuncia a través del 911 y acudieron al inmueble donde empleados del hotel lo tenían detenido. Sin embargo, a las pocas horas fue puesto en libertad por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) debido a que cuenta con fuero legislativo.

De acuerdo con información de la FGJCDMX, ésta continuará el desarrollo de la carpeta de investigación que abrió por el delito de abuso sexual y, en caso de encontrar datos de prueba que acrediten la posible comisión del delito, deberá solicitar el juicio de procedencia para buscar su desafuero, en los términos del artículo 111 constitucional y después, ejercer una orden de aprehensión en su contra.

El universal informó el día de ayer que, de acuerdo con versiones de su bancada, el diputado se encuentra en libertad. También publicó que, gracias al sistema de votación semipresencial, el diputado Benjamín Saúl Huerta pudo votar a distancia. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados

La Constitución nos mandata a todas las autoridades a tener como eje rector de nuestras actividades la protección al interés superior del menor; de ahí que sea necesario que este caso sea investigado y resuelto de la manera más expedita que nos sea posible.

El fuero no puede ser utilizado como una herramienta para entorpecer las diligencias de la autoridad, y menos en una situación en la que se está poniendo en riesgo a una persona menor de edad; y es nuestro deber moral y constitucional, tanto de la Fiscalía, como de la Cámara de Diputados, el garantizar que esto no ocurra. Es así que se exponen las consideraciones jurídicas pertinentes que sostienen la necesidad del presente punto de acuerdo.

En 2016, se llevó a cabo una reforma a la Constitución para modificar el párrafo referente al derecho de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 4°, párrafo noveno vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un principio rector del Estado el interés superior de la niñez:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

De esta reforma se reconoce expresamente que uno de los objetivos del legislador era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por México en materia de protección de los derechos del niño, de manera particular en lo que se refiere al “interés superior de la infancia”.

En este mismo decreto, se adicionó una fracción al artículo 73 de la Constitución, para darle al Legislador General la facultad de expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La redacción establece que en el ejercicio de dicha facultad deberá “velar en todo momento por el interés superior de los mismos y cumplir con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte”.

En 2014 se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en ejercicio de la facultad concedida en la fracción XXIX-P del artículo 73. En esta nueva legislación se hace referencia directa al interés superior de la niñez en el artículo 2°:

“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.”

El artículo 18 establece la obligación de las autoridades de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno con relación a que: “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio”.

Adicionalmente, el artículo 47 de este ordenamiento de ámbito de aplicación general se tiene que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados, el artículo a la letra señala:

“Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
…”

Por otro lado, nos encontramos con que el Código Penal para el Distrito Federal tipifica el abuso sexual, específicamente, de la manera siguiente:

“Artículo 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a seis años de prisión.

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia.”

El artículo 111 de nuestra carta Magna establece el proceso que debe seguirse para proceder penalmente en contra de servidores públicos. En este artículo se determina que:

“Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.”

En el caso que nos atañe, es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al ser quien conoció de los hechos probablemente constitutivos de un delito del fuero local, quien debe llevar a la Cámara de Diputados la Solicitud de juicio de procedencia, como lo establece el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades De Los Servidores Públicos que a la letra señala:

“ARTÍCULO 25.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.”

Sirve como antecedente, la declaración de procedencia declarada en 2019 por esta Cámara en la XLIV legislatura donde a un Diputado, al que se le imputaba el homicidio de una persona al arrollarlo con su vehículo; en aquella ocasión, el órgano decisor del juicio de procedencia concedió a la Procuraduría del Estado de Hidalgo la petición para poder proceder penalmente en su contra.

El marco de obligaciones internacionales y el conjunto de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuya capacidad vinculatoria se reconoce en la tesis de jurisprudencia de la primera sala con rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.” Que a la letra señala que:

“Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.”

De aquí que resulte especialmente importante la sentencia sobre el fondo del caso Guzmán Albarracín y otras, vs. Ecuador, del 24 de junio de 2020.

En este caso, la Corte condenó a las autoridades de Ecuador, entre otras cuestiones, por la omisión de investigar de la manera adecuada la denuncia de la menor, como se desprende del parárrafo 180 a 182 de la sentencia mencionada:

“180. La Corte ha señalado que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.

181. Si bien es cierto que a efectos de analizar el plazo razonable de una investigación y de un procedimiento, en términos generales la Corte debe considerar la duración global de un proceso hasta que se dicte sentencia definitiva177, en ciertas situaciones particulares puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas. Este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar si se cumplió con la garantía del plazo razonable, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

182. En primer término, sobre la complejidad del caso, debe señalarse que ofrece elementos de complejidad la indagación de violencia sexual cuando la víctima no puede brindar su declaración. Más allá de lo anterior, la Corte observa que se trataba de un caso con una sola víctima, que el Estado conoció los hechos poco tiempo después de que se habían producido, lo que facilitaba la recolección de prueba médica útil y de diversos testimonios relevantes. Por ello, este Tribunal entiende que existía un grado medio de complejidad pues, sin perjuicio de la dificultad señalada, el caso no presentaba mayores obstáculos para la indagación efectiva de lo sucedido.”

Así mismo, especifica la necesidad de actuar, aún con más diligencia, en casos que correspondan a personas menores de edad:

“186. En el presente caso, tratándose de una niña víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de las investigaciones y de los procedimientos judiciales sobre los hechos del presente caso. Lo anterior se debe a que de la celeridad de esas actuaciones judiciales dependía el objetivo primordial del proceso judicial, el cual era investigar y sancionar al responsable de la violencia sexual sufrida por ella, que era un funcionario público, como así también contribuir a que los familiares conocieran la verdad sobre lo ocurrido a Paola y que se pusiera fin a las humillaciones y a los estigmas y prejuicios denigrantes relacionados con ella que seguían afectándolos182 (infra párr. 189). Ese objetivo no pudo lograrse y el transcurso del tiempo derivó en la prescripción de la acción penal y la consecuente impunidad de los hechos. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte considera que se encuentra suficientemente probado que la prolongación de las investigaciones y del proceso en este caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica de los familiares de Paola Guzmán, por cuanto al retrasarse la resolución judicial del caso, se afectó el desarrollo diario de sus vidas, así como la posibilidad de conocer la verdad de lo ocurrido.”

Por último, se considera pertinente exponer la consideración de la Corte Interamericana de como estas acciones de omisión son suficientes para condenar al Estado por una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de investigación y protección judicial:

“187. Por lo dicho, considerando el reconocimiento estatal de falta de diligencia para la aprehensión del Vicerrector y, siendo que no constan acciones sustantivas de investigación desde el 22 de septiembre de 2004 (supra párr. 184), es atribuible a las autoridades estatales la inactividad durante al menos cuatro años de los cerca de seis que duró el proceso. Ello basta para considerar vulnerado el plazo razonable en las actuaciones.”

Es por ello que, de no llevar a cabo las acciones necesarias para la protección y acceso a la justicia del menor de edad, estaríamos incurriendo en una violación de derechos humanos como Estado.

Así mismo, es necesario poner sobre la mesa el penoso tema de la filtración de los audios respecto de este caso. Debemos recordar que nuestro sistema jurídico reconoce en un máximo nivel la protección a la Inviolabilidad de las Comunicaciones, como se desprende la tesis jurisprudencial de la primera sala con rubro: “DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.” Que respecto de este derecho señala:

“En términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para intervenir una comunicación privada se requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por lo que todas las formas existentes de comunicación y las que son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. ….”

Por otro lado, la tesis aislada, también de la primera sala, con rubro MENORES VÍCTIMAS DEL DELITO. DIRECTRICES EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL, ATENDIENDO A SU INTERÉS SUPERIOR. Nos ilustra la sensibilidad y cuidado especial con los que debe tratarse un delito que tiene como víctima a un menor de edad:

“… De acuerdo con las Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos, emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dentro de los procedimientos judiciales en que intervengan menores como víctimas, deberán aplicarse las medidas suficientes con el fin de: a) reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias; b) evitar el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso; c) utilizar medios de ayuda para facilitar el testimonio del niño, como lo son los gestos, manierismos o materiales para expresar una situación (v. gr. muñecos, plastilina o dibujos), así como ejercer supervisión y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los niños víctimas sean interrogados con tacto y sensibilidad, para lo cual deben participar personas capacitadas en el trato de menores de edad que logren establecer con mayor facilidad una comunicación efectiva con el infante.”

Es así compañeras y compañeros diputados que los invito a que hagan suya esta proposición para garantizar la protección al interés superior de esta persona menor de edad. En esta LXIV legislatura hemos puesto siempre como prioridad a las personas más vulnerables, no podemos ignorar el deber ético y legal que supone el llevar a cabo todas las acciones en nuestras manos para que se resuelva este caso y se sancione a aquellos que resulten responsables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que realice las acciones necesarias para cumplir los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, para proceder, sin dilación, a hacer llegar a esta soberanía la solicitud de juicio de procedencia en contra del Diputado Benjamín Saúl Huerta, en términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que realice las investigaciones procedentes con el fin de identificar y sancionar, en términos de la legislación penal aplicable, a los responsables de la filtración del audio concerniente al caso de abuso sexual que se trata en la presente proposición, con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes.

TERCERO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás autoridades en el marco de sus competencias a que realicen todas las acciones concernientes a este caso desde una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes.

 

_________________________________________
FERNANDO LUIS MANZANILLA PRIETO
DIPUTADO FEDERAL

 

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los __ días de ____ de 2021.