"DE LA LEY A LA LEY A TRAVÉS DE LA LEY": RAZONES DE MI VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL MINISTRO DE LA CORTE

23 Abril, 2021

Como muchos saben, después de casi un año de discusión y debate, hace unos días el Senado de la República aprobó la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial el pasado 11 de marzo. Se trata de un conjunto de leyes y reformas de gran calado que buscan reestructurar y mejorar su organización y funcionamiento, mediante la erradicación de prácticas como el nepotismo, la impunidad y la corrupción en los tribunales y órganos administrativos.

La reforma establece el fortalecimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial, así como la transformación del Instituto de Defensoría Pública y del Instituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial. El objetivo es garantizar que el acceso a todos los cargos sea mediante concurso, brindar acceso a la justicia de calidad a aquellas personas que menos tienen, así como formar más y mejores juezas y jueces. Asimismo, la reforma contempla la consolidación de la Suprema Corte como tribunal constitucional para garantizar el imperio de nuestra ley suprema en todos los órdenes de la vida social, económica y política de la República.

El problema fue que, de última hora y sin una amplia discusión previa, el Pleno del Senado avaló la adición de un artículo décimo tercero transitorio del dictamen, con la propuesta del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde Ecologista de México, en el sentido de que la persona que ocupe la presidencia de la Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durara en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

A raíz de esta controvertida propuesta, se generó un amplio debate en torno a la legalidad de dicho artículo transitorio. De acuerdo con diversas interpretaciones de destacados juristas y constitucionalistas, de aprobarse esta propuesta se ampliarían, de facto, los periodos para el ejercicio del cargo establecidos en la Constitución, violentando con ello el orden constitucional. Sin embargo, otras interpretaciones señalan que, al ser un artículo transitorio, no pretende pasar por encima de nuestra Ley Suprema, sino garantizar condiciones propicias para la instrumentación de la reforma aprobada.

En este último sentido se manifestó el Presidente López Obrador al señalar que la propuesta es constitucional y que “para que no haya medias tintas, que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al Presidente de la Corte y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura Federal, porque ahí está, es el órgano que puede hacer los cambios, más que la Corte […] si eso garantiza de que va a haber la reforma, yo estoy de acuerdo”.

Pues bien, tomando en cuenta todo lo anterior, y luego de una reflexión sobre los pros y contras de la propuesta, el día de hoy tomé la decisión de votar en contra de la ampliación de mandato del ministro presidente. Entre las razones que motivaron el sentido de mi voto, destaco las siguientes:

1. Los que votamos por el cambio de régimen y muchos de quienes seguimos apoyando activamente la Cuarta Transformación, estamos convencidos de que ha llegado la hora de imaginar un México diferente sustentado en un nuevo orden económico, político y social. Lograr un verdadero cambio de régimen implica, sin embargo, un cambio radical de las instituciones que regulan el poder y su ejercicio, así como de los valores que las justifican y les dan sustento.

2. Como lo ha señalado el Presidente de la República, el alcance de la Cuarta Transformación se debe equiparar a los logros y objetivos alcanzados durante la Independencia, la Reforma y la Revolución, con una diferencia fundamental: el cambio de régimen se debe lograr por la vía pacífica.

3. Toda proporción guardada, se trata de un reto similar al que enfrentó España durante la transición de la dictadura a la democracia. ¿A qué me refiero? A que, si queremos lograr una transición pacífica hacia un nuevo régimen, la condición es hacerlo a partir de la premisa clave de uno de los artífices de la transición pacífica en España, Torcuato Fernández-Miranda: “de la ley a la ley a través de la ley”. Es decir, “una transición sin rupturas traumáticas que dieran paso a la revolución, como quería la izquierda en el exilio; sin continuismos inmovilistas que excluyesen de nuevo a una parte de los españoles, como pretendía el sector más ortodoxo del franquismo; y sin vacíos de poder que dieran lugar a la violencia” (https://bit.ly/3eqJANd).

Torcuato Fernández-Miranda —quien rechazó el ofrecimiento del Rey de ser Presidente del Gobierno y prefirió presidir las Cortes porque consideró que desde ahí podría ser más útil a la transición renunciando así a la gloria personal en aras del bien común— afirmaba que “la transición se debía hacer ‘de la ley a la ley’, es decir, sin hacer tabla rasa del régimen jurídico precedente, utilizando plenamente sus mecanismos de reforma, cuidando de que no hubiese ni un atisbo de ruptura institucional y observando como principio máximo el de la continuidad del Estado”. Por el contrario, “cuando se acomete un cambio sustancial del sistema político del que —guste o no— se forma parte, prescindiendo del resto de los implicados, el conflicto está servido.”

4. En mi opinión, en México estamos viviendo una situación muy parecida a la que describió en su momento Fernández-Miranda. Por un lado, tenemos un sector agrupado en torno a Morena, que de manera legítima busca un cambio de régimen, pero que para hacerlo parece estar dispuesto a avasallar el orden jurídico y a los actores que forman parte de él. Por otro lado, tenemos a un sector agrupado en torno al viejo régimen, que está dispuesto a obstaculizar a toda costa el proyecto de la Cuarta Transformación haciendo uso de los instrumentos que brinda el propio marco legal. Y, en el fondo, lo que está en disputa es el proyecto de nación y la construcción de una nueva institucionalidad del régimen. El problema es que, si el cambio ha de ser por la vía pacífica, no podrá ser más que “de la ley a la ley a través de la ley”, como lo ha demostrado la historia de la transición en España y de la transición en otras partes del mundo.

5. Además, estoy convencido de que, para lograr un cambio de régimen por la vía pacífica, no solo se requiere hacerlo “de la ley a la ley a través de la ley”, sino que es imprescindible el concurso del mayor número de actores y grupos posible, a partir de un amplio consenso en torno al nuevo proyecto de Nación. Pero en lugar de eso, lo que hemos visto en estos años es un profundo proceso de división y polarización entre las y los mexicanos que ha generado un clima de encono y violencia política. Creo que en medio de un ambiente como éste no podrá florecer un proyecto de futuro ni para los que quieren el cambio a como dé lugar, ni para los que quieren que las cosas permanezcan como están, también a como dé lugar.

6. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de reformar el Poder Judicial, pero siempre a partir de la ley y del marco legal vigente. De igual forma, todos estamos de acuerdo en reformar al poder legislativo e incluso al ejecutivo, pero siempre a partir de la ley. Todos estamos de acuerdo en reformar los órganos autónomos y al resto de las instituciones del Estado, hasta alcanzar un verdadero cambio de régimen, pero de manera pacífica, siempre por los cauces legales e institucionales que marca la ley. Incluso, muchos pensamos que es necesario cambiar nuestro marco legal completo y darnos una nueva Constitución. Pero si queremos lograrlo de manera pacífica tendrá que ser mediante los cauces institucionales que marca la propia Carta Magna para que el proceso sea legítimo.

7. Creo que es necesario tomar el ejemplo de España y construir una vía alternativa de Nación, una tercera vía que avance hacia un cambio de régimen sustentado en la fraternidad y la solidaridad, y que dé lugar a un amplio proceso de reconciliación, paz y unidad entre las y los mexicanos. Y la única manera de lograrlo es mediante un gran acuerdo de reconciliación nacional. Creo que ha llegado la hora de que en México escribamos nuestros propios Pactos de la Moncloa, porque la única manera de avanzar en la transición hacia un nuevo régimen de manera pacífica y legítima será “de la ley a la ley a través de la ley” y a partir de un amplio proceso de consenso, unidad y reconciliación nacional.